El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que parte del dinero del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que por ley debe destinarse al mantenimiento de rutas, es retenido por el Ministerio de Economía. La oposición prepara denuncias penales.

En un sincericidio que abrió un frente de tormenta inesperado, el vocero presidencial, Adrián Ravier, dejó al Gobierno nacional en una posición delicada tras admitir públicamente el desvío de fondos con asignación específica. Según sus declaraciones, el Ministerio de Economía retiene una gran parte de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y lo utiliza para mantener el superávit fiscal, principal bandera de la actual administración.

El problema legal radica en que este gravamen no es de libre disponibilidad. Por ley, el dinero del ICL debe dirigirse al fideicomiso del Sistema Vial Integrado para garantizar la realización de obras y el mantenimiento de las rutas nacionales.

«No te puedo decir cuánto va al mantenimiento de rutas»

En un intento por aclarar la situación, Ravier dialogó con El Diario de La Pampa y terminó confirmando la maniobra. «No diría que nada del dinero de ese impuesto va al mantenimiento de las rutas», señaló el funcionario. Sin embargo, al ser consultado por los montos específicos, titubeó: «Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va».

En la misma línea, justificó que el resto de los fondos es utilizado por la cartera que conduce Luis Caputo como «parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja».

Subjecución, bicicleta financiera y favores políticos

Las declaraciones del vocero se suman a recientes investigaciones periodísticas que exponen los números detrás de este fideicomiso. Según reveló el diario La Nación, el Ejecutivo ya recaudó más de 1,5 billón de pesos a través del ICL. De ese total, hasta fines de mayo, más de $1 billón se mantenía en inversiones financieras (plazos fijos, LECAP y BONCAP, entre otros). Esto se traduce en una alarmante tasa de subejecución del 73,8% en el Sistema Vial Integrado, en un contexto de deterioro crónico de las rutas y aumento de la inseguridad vial.

A este escenario se suma otro dato polémico aportado por el periodista Hugo Alconada Mon: más de $33.000 millones de este fondo fiduciario fueron girados a distintas provincias justo antes de sesiones legislativas claves para el Gobierno en el Congreso de la Nación.

Aunque Ravier evitó pronunciarse sobre los desembolsos provinciales, su confirmación sobre el uso discrecional de estos fondos encendió las alarmas en el Congreso. Desde la oposición ya trabajan en pedidos de informes urgentes y no descartan avanzar con denuncias penales por malversación de fondos.