La privatización de Aguas y Saneamientos S.A. (AySA) impulsada por el Gobierno nacional enfrenta un escenario cada vez más complejo. A la creciente incertidumbre por el freno de la obra pública en el Conurbano bonaerense y los nuevos aumentos tarifarios anunciados, se le sumó un duro informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que reveló severas irregularidades contables en el uso de un crédito internacional para el Sistema Riachuelo.
El organismo auditó el uso del préstamo otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) —dependiente del Banco Mundial— y emitió una opinión adversa sobre los estados financieros del proyecto. Según la AGN, la falta de documentación e «inversiones no registradas» superan los $42.935 millones para el período 2025 (aproximadamente 30 millones de dólares), lo que implicó una subvaluación de las inversiones del 66,57%. La investigación pone bajo la lupa las gestiones del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y del presidente de AySA, Alejo Maxit.
Esta revelación impactó de lleno en la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), donde funcionarios provinciales e intendentes rechazaron el esquema privatizador y el nuevo cuadro tarifario propuesto por la empresa, que contempla una suba promedio del 22,6% para el 60% de los usuarios del AMBA. De aprobarse, cerca de dos millones de hogares pasarán a pagar facturas promedio de $35.710 mensuales más impuestos.
Durante la audiencia, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, denunció que las tarifas ya acumulan un incremento del 555% y que se encuentran paralizadas cerca de 300 obras de agua y cloacas ejecutadas hasta 2023. En la misma línea, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, advirtió sobre el abandono de obras clave como el Sistema Sistema Río Subterráneo Sur y confirmó que mantiene presentaciones judiciales para frenar la privatización y objetar las cláusulas que permiten el corte del servicio por falta de pago y autorizan un período de diez años de desinversión.
