La Corte Suprema de Justicia dejó firme la derogación de la Ley de Tierras Rurales, una medida incluida en el mega DNU 70/2023 del Gobierno nacional. Con esta decisión, se levanta el límite que impedía que más del 15% del territorio nacional estuviera en manos de extranjeros.

El conflicto judicial había comenzado con una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. La organización argumentó que liberar la venta de tierras facilitaba la creación de latifundios y afectaba directamente la soberanía nacional. En un primer momento, la Cámara Federal de La Plata les había dado la razón y frenó la aplicación del artículo 154 del DNU.

Sin embargo, el Estado apeló la medida y el caso llegó a la Corte Suprema. En un fallo firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los magistrados le dieron la espalda al reclamo de los excombatientes. ¿El motivo? Determinaron que el CECIM no tiene la «legitimación» necesaria para iniciar la demanda, ya que no pudieron demostrar un perjuicio directo y concreto.

En su resolución, la Corte explicó que la soberanía territorial es una facultad exclusiva del Estado y no puede considerarse un «bien colectivo», lo que invalida a la agrupación civil para actuar judicialmente en este tema.

De esta forma, la venta ilimitada de tierras vuelve a estar vigente. No obstante, los jueces aclararon un detalle técnico pero clave: este fallo no define si el DNU es constitucional o no, sino que simplemente rechaza la demanda por quién la presentó. El debate de fondo sobre el decreto, mientras tanto, sigue en manos del Congreso.