Apenas 48 horas después de su entrada en vigencia, la Justicia bonaerense le puso un freno a la aplicación de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil. La medida, que rige para todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, suspende la normativa por un plazo de 60 días.

La decisión fue dictada este lunes 7 de septiembre por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La magistrada hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, con el objetivo de proteger los derechos de los adolescentes frente a un inminente colapso del sistema de encierro.

El núcleo del fallo judicial no cuestiona el espíritu de la ley en sí, sino la capacidad real del Estado para aplicarla. La nueva legislación incorpora al sistema penal a jóvenes de 14 y 15 años y aplica escalas penales más duras. Según advirtió Pascual, esto se traducirá en un aumento considerable de la cantidad de adolescentes privados de su libertad y en estadías mucho más largas.

Frente a este escenario, la jueza se hizo una pregunta clave: ¿Puede la Provincia ampliar el universo de adolescentes punibles sin antes crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables? La respuesta fue un rotundo no.

Apoyándose en el principio precautorio, la magistrada destacó que «el Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir». Por este motivo, además de la suspensión de 60 días, convocó a los funcionarios del Ejecutivo provincial para que brinden explicaciones detalladas sobre cómo planean implementar esta ley sin vulnerar los derechos humanos de los menores.